El director del Banco Nación participó de la Entrevista organizada por estudiantes del Posgrado en Periodismo de Perfil. Críticas a la IFE y la urgencia de implementar un impuesto a los sectores de mayor capacidad económica.
Claudio Lozano participó de forma virtual de la Entrevista organizada por estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación de Editorial Perfil y la Universidad del Salvador (USAL). El director del Banco Nación se mostró a favor de ampliar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y que se impulse un modelo de renta básica universal, a la vez que criticó la estrategia actual sobre la negociación de la deuda y cuestionó el pago a jubilados en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Argentina tiene pendiente la discusión sobre recomponer los haberes jubilatorios, y eso no debe hacerse bajo los criterios del FMI que son ellos los que siguen pesando a la hora de definir la política previsional”, aseguró el economista.
El ex diputado se mostró a favor de la intervención en Vicentin, aseguró que la empresa fue muy favorecida durante el gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que la gestión de Javier González Fraga al frente al Banco Nación durante el gobierno de Mauricio MAcri fue “una de las peores de la historia”, en relación a eso, enumeró las supuestas vinculaciones políticas de Vicentin con el macrismo. “El gobierno actual no tenía pensado ir contra Vicentín”, aclaró Lozano en el posgrado a cargo de Rodrigo Lloret
—¿Qué piensa sobre la posibilidad e impulsar un modelo de renta básica universal en medio de la pandemia?
—Desde hace mucho tiempo venimos planteando la necesidad de garantizar un piso mínimo de ingresos para todos los hogares. El mecanismo racional es la renta universal y este momento en particular me parece que habilita que esta discusión sea mucho más profunda. A todo el mundo le explotó en la cara el volumen que tiene la informalidad y la desocupación en Argentina. El sólo hecho de que en el Ingreso Familiar de Emergencia propuesto por el Gobierno se hayan anotado casi 12 millones de personas, indica cual es la cantidad que está por fuera de la población formal. Nos parece que dos instrumentos muy interesantes son: universalizar en serio la Asignación por Hijo, en la que todavía hay 4 millones de pibes que están por fuera de esto, y en segundo lugar, habría que instrumentar un salario de carácter universal para todos aquellos que no son asalariados formales, para toda la población que hay entre 18 y 65 años que tiene capacidad de trabajar.
—¿Qué estrategias se podrían implementar para mejorar el escenario laboral actual y el que viene?
—Veníamos de una situación muy difícil, 4 años muy complicados con 3 años de caída de la actividad económica, y cuando se empezaban a plantear algunas estrategias tendientes a modificar la situación, apareció la pandemia. Creo que no alcanza el Ingreso Familiar de Emergencia. Es insuficiente en cuanto a la magnitud por los diez mil pesos y no le llega a todos: deja afuera a no menos de 3 millones de personas y además llega tarde. Tendríamos que tener una estrategia mucho más clara en término de garantizar la moratoria impositiva para las utilidades productivas más pequeñas, el sostenimiento de la nómina salarial de esas empresas y las regulaciones en el campo tarifario de los alquileres para que eso no pese. La suspensión de los pagos de la deuda es imprescindible en el momento actual de la Argentina. Por lo cual diría que por un lado, renta de alcance universal, impuesto sobre los sectores de mayor capacidad económica y suspensión de pagos sería un trípode de políticas que habría que aplicar ya para poder sostener esto como corresponde. Y en eso el Gobierno está haciendo avances en algunas cosas pero creo que no alcanzan.
—Alberto hizo énfasis durante la campaña sobre elegir a los jubilados por sobre los bancos y el pago de las Leliqs. Hoy, el stock de Leliqs se duplicó en relación a diciembre y rige la supresión de la ley de movilidad jubilatoria. Siguiendo la lógica de la campaña, ¿Por qué estarían eligiendo a los bancos por sobre los jubilados?
—La verdad que en ese tema el Gobierno no ha hecho lo que debía hacer, y esto tiene que ver con el modo en que se ha planteado la estrategia de negociación de la deuda. Yo no la comparto. Macri defaulteó la deuda, se fue diciendo que no podía pagar y no pagando, de hecho suspendió los pagos y mandó un proyecto que se denominaba reperfilamiento al Congreso, que en la práctica, no era otra cosa que reconocer el default. Lamentablemente, el gobierno nacional en lugar de pararse en esa situación en donde el creador del desastre había defaulteado y decir “los pagos están suspendidos”, negoció, y retomó los pagos, y junto con eso, tomó como socio para la estrategia de negociación al Fondo. Una de las recomendaciones del Fondo es bajar el gasto en seguridad social y previsión. En ese marco, la decisión de suspender la movilidad no es independiente de esta definición, como tampoco es independiente el último aumento acordado para junio que es un aumento realmente miserable. En el contexto actual, donde se ha recuperado la capacidad de emitir dinero se podría haber cumplido con lo que el propio gobierno dijo que era mejorar por lo menos a los haberes jubilatorios más bajos, cosa que en este caso tampoco ocurrió. Argentina tiene pendiente la discusión sobre recomponer los haberes jubilatorios y de una reforma previsional. Y eso no debe hacerse bajo los criterios del Fondo Monetario Internacional que son los que siguen pesando a la hora de definir la política previsional.
—Con la aprobación de la comisión bicameral para la investigación de Vicentin y su cuestionamiento ¿cree que afloró la grieta?
—Lo que se busca es agravar ciertos prejuicios para descontextuar el caso. Se habla por ejemplo, del problema de la seguridad jurídica, y la verdad es que, quien ha violado la seguridad jurídica, es Vicentin. Hoy hay 2638 acreedores. Son propietarios pequeños, medianos y cooperativas, los depositantes de ahorros en los bancos que prestaron, como la banca pública o como grandes bancos privados. Incluso hay 500 millones de dólares que Vicentin le debe a bancos extranjeros. Hay una estafa sobre miles de trabajadores, productores, y sobre la banca pública y hay una amenaza de que este grupo empresario y sus principales activos queden en manos de grupos extranjeros afectando aún más la extranjerización del comercio exterior argentino. Es en ese contexto donde se produce la intervención del Estado que, y por otra parte, Vicentin no podía volver a funcionar aún en el marco de concurso de acreedores porque los productores no le quieren vender después de haber hecho lo que hizo.
—¿Por qué cree que Alberto Fernández asoció lo de Vicentin con Venezuela?
—Me parece que en todo caso lo que el presidente quiso decir es que no tiene nada que ver con Venezuela. En su momento, Venezuela tuvo un programa generalizado de expropiaciones, no hay tal cosa en este caso. No es que estamos ante un grupo de empresarios que funciona normalmente, derrochando dinamismo, y de repente aparece un presidente afiebrado ideológicamente y decide expropiarlo. Acá estamos frente a un grupo que ha estafado a medio mundo. En ese contexto aparece la discusión.
—¿Descarta usted un efecto dominó de expropiaciones?
—No hay ningún elemento para plantear un plan generalizado de expropiaciones hoy. Es más, creo que el Gobierno no tenía ninguna intención de expropiar Vicentin. En todo caso, la expropiación aparece por dos razones: la primera porque el concurso de acreedores es la oportunidad que tiene cualquier empresa para recomponer su funcionamiento y reestructurar sus deudas. Es bueno tener en cuenta que cuando se produce la cesación de pagos de Vicentin el 5 de diciembre del 2019 la bolsa de Rosario expulsa a Vicentin y le prohíbe seguir operando en el comercio de granos. Al ponerse en marcha en febrero el concurso de acreedores, el juez levanta la prohibición para que pueda volver a funcionar. El gobierno confiaba en que Vicentin podría volver a funcionar. Y no pudo. En ese contexto, donde se debilita y se devalúa cada vez más sus acciones en el comercio de granos, aparecen propuestas concretas de grupos extranjeros cuyas propuestas implicaban un 50% de quita sobre la deuda, hay una amenaza de extranjerización y habría una pérdida del ahorro de la banca pública es donde se plantea la intervención y la expropiación. En este contexto ni el gobierno tenía la intención de ir sobre Vicentin.
—¿Qué opina acerca de la gestión de González Fraga frente al Banco Nación?
—Pasará a la historia como una de las peores. González Fraga hizo muchas cosas pero voy a plantear simplemente cuatro. La primera: concentró el crédito, puso al banco al servicio de garantizar créditos a las grandes empresas. En el caso particular de Vicentin, hay una serie de irregularidades brutales sobre todo durante 2019. En general, toda empresa, para recibir crédito de un banco necesita tener una clasificación, Vicentin tenía esta clasificación y desde enero del año 2019 la superó con creces, en abril de 2019 esa clasificación estaba completamente vencida. A partir de agosto, también violaba la norma que plantea el Banco Central que es que ninguna empresa puede tener un crédito que supere más del 15% del patrimonio del banco y Vicentin llegó a representar el 20% de ese patrimonio, a pesar de esto se le renovó financiamiento en noviembre. Por otro lado, Vicentin tenía una cuenta por donde entraban los dólares de sus exportaciones en la sucursal Reconquista del Banco Nación, donde ingresaron entre agosto y diciembre 960 millones de dólares. Esa cuenta era garantía del crédito. Las autoridades pasadas, podrían haber ejecutado esa cuenta y quedarse con los fondos para que hoy el Banco Nación no tuviera un muerto de 300 millones de dólares y pudiera disponer de esos recursos para prestarlos a la pequeña y mediana empresa. No hicieron nada. Por último, González Fraga permitió que el tesoro nacional descapitalizara al Banco Nación de manera monumental. En diciembre de 2017 la gestión de Macri dijo muy suelta de cuerpo que nunca más iban a financiar el tesoro con el Banco Central, a partir de allí, lo empezaron a financiar con el banco Nación. En el 2018 el gobierno le sacó al banco Nación 20 mil millones de pesos, en 2019 le sacó otros 15 mil millones de pesos y González Fraga no dijo nada. La tesorería de la Nación se transformó en el principal deudor del Banco Nación.
—Hay personas que afirman que Mauricio Macri sabía sobre toda esta situación de Vicentin. ¿Qué opina sobre eso?
—Todos los pasillos del Banco Nación me cuentan que cada vez que algún gerente intentaba ponerse firme en las negociaciones con la empresa, cuando se producían las irregularidades, rápidamente los dueños de Vicentin se comunicaban con la Casa Rosada, y desde la Casa Rosada le bajaban instrucciones a González Fraga. Los funcionarios que habían tenido una actitud de cierta discusión para ponerle límites a una empresa, que ya no calificaba para recibir créditos, eran apartados de las negociaciones. A esto, hay que agregar algunos datos; el grupo Vicentin fue aportante de la campaña de Cambiemos por 6 millones de pesos en el año 2015, 8 millones de pesos aporta en la elección legislativa del 2017 y 13, 5 millones, como principal aportante en la campaña de Cambiemos en 2019. Además Nardelli (Sergio) y Padoán (Alberto), dos de los principales dueños que han llevado adelante todo este proceso en los últimos años de Vicentin, son integrantes de la mesa productora de la provincia de Santa Fe, y Nardelli fue precandidato a gobernador de esa provincia en la interna de Juntos Por El Cambio. Por lo tanto, la asociación y relación política de Mauricio Macri y del PRO con la conducción de Vicentin, es por demás evidente.
—¿Cómo es su relación actual con el Presidente Alberto Fernández?
—Es una relación muy buena. En este momento me consulta mucho más, por el papel que tuve en la presentación del planteo de Vicentin a comienzos de este año y por el lugar que me tocó ocupar como director del Banco Nación. Ni bien ingresé, me encontré con la situación de irregularidad de ese crédito, y ver lo incomprensible de que un grupo empresario que había tenido tal crecimiento hubiera producido este desastre de dejar a 2600 acreedores en banda. A partir de ahí, el nivel de consulta del presidente sobre sobre este tema y otros es mucho mayor. Siempre tuve buena relación, incluso siendo crítico de la experiencia kirchnerista cuando yo era Diputado y él era Jefe de Gabinete. Además, me consta, es alguien que más allá de las posiciones que pueda tener sobre los distintos temas, escucha.
—¿Le gustaría cerrar la entrevista con algún comentario final?
—Primero agradecerles a ustedes, siempre me gusta mucho participar de este tipo de experiencias. Me parece muy importante elevar el nivel de las discusiones en Argentina. Hay que tratar de correr cierto proceso de manipulación informativa, quitar la hojarasca de prejuicios y la malversación ideológica que hay frente al debate de Vicentin y discutir lo concreto, sacándole adjetivaciones, es el principal aporte que se puede hacer.
En términos generales, diría que estamos ante un gobierno que tomó una definición muy importante en materia sanitaria, que fue esta decisión de una cuarentena temprana y que planteada como se planteó le dio niveles de confrontación con sectores de poder importantes, para los cuales la apertura de sus negocios es más importante que lo que pueda ocurrir con las muertes en Argentina. Que el país hoy, en términos de muerto por millón de habitantes, esté en una situación muy distinta a la del resto del mundo, pone al gobierno y lo expone a niveles de confrontación con los sectores de poder que están tratando en muchos casos de deteriorar la legitimidad gubernamental. Hay que entender que la vida, está siempre mucho antes que los negocios.
Adriana Vanoli y Aldo Nuñez
Estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil – USAL
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